La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la mayor parte de las disposiciones de la Ley 241 de 2021 que excluían a determinados funcionarios públicos del derecho a recibir la prima de antigüedad. La decisión representa un cambio importante en la interpretación de este beneficio laboral, al reconocer que no puede limitarse en función del cargo que desempeñe el servidor público.